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(Bahía Blanca) Tanto el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, doctor Jorge Otharán, como los responsables de Compañía Mega, coincidieron en señalar las graves pérdidas económicas y de prestigio que se produjeron tras los casi 11 días de corte de la ría por parte de los pescadores artesanales locales.
Los manifestantes realizaron la movida desde el lunes 26 de enero hasta el jueves 5 de febrero, en demanda de una ayuda económica debido a la escasez de capturas y, finalmente, lograron un subsidio provincial de 670 mil pesos y la promesa del gobernador Daniel Scioli de más aportes para que los pescadores realicen una reconversión de sus embarcaciones y puedan pescar en otros sitios como, por ejemplo, la zona del Riacho Azul.
Según declaró Otharán, las pérdidas para el CGPBB fueron de 300 mil dólares por día de conflicto, y de 5 millones de pesos para todas las empresas vinculadas al puerto en general. En cuanto a la imagen, aseguró que “es un intangible que no podemos cuantificar, ya que será muy difícil recuperar la normalidad”.
El presidente del CGPBB también dijo que todos los estamentos involucrados con el puerto deben estar muy bien preparados para anticiparse a este tipo de conflictos. “Estos hechos demostraron la vulnerabilidad a la queda expuesto el sistema sin una firme autoridad de aplicación y de organismos juridisccionales que pongan orden”, admitió.
Con anterioridad, desde Mega se había asegurado que las pérdidas fueron millonarias, que el accionar de los pescadores artesanales fue “delictivo” y que, además, se elevaron dos denuncias ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca por considerar que, con el corte de la ría, se avasallaron derechos constitucionales.
La distribución de los citados 670 mil pesos, que deberán ser usados también para la reconversión de la flota, llegó con 2 mil pesos para los marineros y 4 mil para los armadores, patrones y dueños de las lanchas.
Según admitió el propio líder de los trabajadores, Pedro Santos, muchos de los propietarios de embarcaciones aceptaron la indemnización para abandonar la actividad.
De todos modos, y tras la tormenta, las cuatro partes involucradas; es decir, la comuna, la provincia, el Consorcio de Gestión y la Cámara de Pescadores están trabajando en procura de soluciones perdurables.
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