| EDUARDO PUCCI, PRESIDENTE DE CEPA |
“No tenemos que permitir que se afiance el robo de nuestros recursos en alta mar”
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Ex presidente de CAPECA, cuando la cámara aglutinaba a toda la flota congeladora, ex subsecretario de Pesca en tiempos de Menem, fue el autor del borrador de la actual Ley Federal de Pesca. Especialista en Derecho Internacional ahora representa los intereses de las empresas integradas de Mar del Plata. Está preocupado por el avance de la flota que opera fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva. En una entrevista exclusiva también hace autocrítica, solicita que se revisen los permisos sospechados de ilegalidad pero pide menos conflictos internos y más unión para enfrentar los externos.
 (Mar del Plata) Eduardo Pucci preside el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), una cámara que agrupa a las tres empresas más grandes de Mar del Plata, Moscuzza, Solimeno y Valastro, quienes con sus distintas empresas, se separaron de la tradicional Cámara de Armadores cuando adquirieron buques congeladores, en la década pasada a partir del convenio con la Comunidad Económica Europea.
Atiende a Pesca & Puertos mientras desayuna en un hotel céntrico de Mar del Plata. Llegó a la ciudad a participar del Taller sobre Problemática Pesquera que se realiza en la Universidad FASTA. Si bien el tema a analizar en el segundo encuentro era el sistema de cuotas individuales transferibles de captura, él dirigente se refirió a la situación que se vive en alta mar, fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
– ¿Me resume su exposición en el Taller?
– La disertación tuvo una directa relación al ordenamiento interno dentro de la ZEE y la zona adyacente en alta mar. Así como es importante reglamentar el funcionamiento de la flota dentro del caladero, también lo es en la zona adyacente. Particularmente no solo por la influencia fáctica de la incursión de buques ilegales. Nosotros ya estamos acostumbrados que a fin de cada año esta flota opere sobre el calamar, pero esa presencia se da durante todo el año con especies demersales, como la hoky y la merluza común. A pesar que nosotros nos oponemos y pensamos que es un concepto erróneo, la FAO ha determinado que estas especies son transzonales. Ese concepto tomó valor en 1995 cuando las Naciones Unidas aprueban el Convenio de Especies Transzonales, del que no somos parte. Esto entra en vigencia en el 2001 y se convirtió en un derecho vinculante del que sufrimos sus alcances y consecuencias.
– Tengo entendido que esta situación se agravó hace poco, en la reunión que se celebró en Nueva York.
– Si, exacto. Entre el 23 y 26 de mayo hubo una conferencia en Estado Unidos donde se realizó una revisión de ese Convenio de Especies Transzonales, en el cual fortalecieron tres principios: la unidad biológica de toda el área comprendida por la ZEE y Alta Mar, el ordenamiento basado en un ecosistema poblacional de los recursos y la compatibilidad normativa dentro de la ZEE y Alta Mar. Todo esto originó una decisión que apunta a fortalecer este tipo de organizaciones vinculadas a la pesca en ese sector, empujados por los grandes países pesqueros que necesitan de nuevos lugares donde poder extraer la materia prima a un bajo costo.
Por otro lado, en la medida que se avanza sobre esos recursos y se crea jurisprudencia que avale la operatoria de la flota de manera de legalizar su actividad, también se busca limitar la injerencia del país ribereño, como en este caso es Argentina, e incidir para que el manejo interno en nuestros caladeros no incida en lo que sucede en alta mar.
Esto es realmente preocupante porque así como nos llevó 24 años, de 1958 a 1982 pulir la Convención de los Derechos del Mar donde se definen las distintas áreas marítimas dentro de la ZEE de cada país ribereño, en estos últimos 4 años el avance en el plano jurídico internacional es alarmante. Nuestro país es uno de los que más lo sufre porque acá hay una industria pesquera plenamente explotada. Es por eso que pedimos que este tipo de actividad sea declarada como pesca ilegal para la FAO. No podemos seguir compitiendo con tipos arancelados y subsidiados por sus países de origen. Tememos que llegue el día en que desde el extranjero nos digan que estamos pescando mucho y no dejamos salir una especie transzonal.
– ¿Qué medidas se pueden adoptar para frenar este avance de la flota extranjera para legalizar su operatoria en la milla 201 y para influir en lo que sucede dentro de nuestras aguas juridisccionales?
– En un par de números atrás de P&P leí un par de artículos sobre la falta de representatividad de las cámaras empresarias pesqueras y comparto en parte esas apreciaciones. Acá tenemos un ejemplo claro para aunar criterios, intercambiar opiniones y puntos de vista para ponerle freno a la situación. Como instituciones empresarias debemos tener un rol más activo y colaborar también con el Estado, en la medida que el propio Estado le de trascendencia al problema. Hace unos días el Canciller Jorge Taiana ha dado claras muestras de esto en referencia a la situación de la pesca en Malvinas y la zona de influencia. Hay que generar políticas y colaborar con las que impulse el Estado Nacional.
– ¿Esa es la principal autocrítica que hace CEPA, o pasa por otro lado?
– No sé. En este tema venimos trabajando. Quizás nos falte generar una mayor actividad de negociación en la apertura de nuevos mercados. Ahí está la clave del futuro en la industria pesquera. Podemos aumentar las exportaciones, se puede reactivar la industria conservera que hoy está reducida a la mínima expresión. En esto hay responsabilidad del Estado también. En el MERCOSUR la pesca no existe y siempre nos cambian por cualquier cosa.
– Nos fuimos de tema, estábamos con las medidas que se pueden tomar para frenar la presión jurídica sobre…
– Si, si... una podría ser la restricción del uso de puertos nacionales que tiene esta flota. A partir de la abundancia del calamar, este año tanto en Mar del Plata, Madryn y Deseado, han llegado a descargar y utilizar la infraestructura portuaria buques que pescan de manera ilegal. Es un contrasentido absoluto porque atentan directamente contra la industria pesquera nacional y hasta compiten con armadores argentinos.
Para algunos sectores este avance no es preocupante, pero para nosotros es alarmante. No podemos dejar de mirar lo que pasa afuera porque de esa forma la ley quedaría desdibujada, no habría un plan de manejo real.
– ¿La ley de puertos nacional qué dice ante estos casos?
– Nada, cuando en realidad no es lo mismo la marina mercante que la actividad pesquera. Acá hay un objetivo preciso de esta flota de sacar una ventaja al ingresar a un puerto argentino. En ocasiones directamente hacían el trasbordo de la mercadería en alta mar, pero ahora, dada la alta captura, han tenido que entrar y utilizar nuestros puertos. Debemos incentivar la relación con nuestros legisladores a fin de poder elaborar alguna medida restrictiva.
Otra medida que se podría implementar sería buscar herramientas para mejorar la cooperación en alta mar. Esto es, solicitar a los mercados que eviten comprar este tipo de productos, aunque en el comercio internacional es muy difícil de lograr porque todos quieren hacer buenos negocios. Japón es el único país que respeta y se preocupa por saber el origen del producto.
Las medidas se pueden discutir y analizar, pero debemos actuar con mucha rapidez. De alguna manera hay que evitar que esto avance porque el día de mañana se transformarán en una Organización Regional de Pesca en nuestra zona adyacente a la ZEE. Ese es el riesgo más grande que tenemos, que se afiance la situación de robo que sufrimos desde hace 20 años.
– Lo saco de esta problemática y lo ubico ya dentro de nuestra propia jurisdicción. La industria pesquera tiene una ley federal desde hace más de seis años que no se aplica en su totalidad, ¿a qué lo atribuye?
– Porque se le da un mayor espacio a la conflictividad que a la armonización. No hay una concepción real de los problemas macroeconómicos. No hay una participación institucional privada más fuerte, ni técnica ni política. Hemos permitido que el desconocimiento público de la actividad atente contra su propio desarrollo. No hemos sido capaces de modificar la imagen negativa y conflictiva del sector pesquero nacional. Nos dejamos atomizar y que cualquiera opine ante cualquier hecho de manera individual. La pesca es importante de verdad, ocupa miles de puestos de trabajo y en determinados puertos es vital para sus economías regionales.
– Cuando participó del seminario pesquero, las preguntas de los asistentes, en la mayoría de los casos, nombraban tres palabras: ilegalidad de permisos de pesca. ¿Es ese el verdadero problema para implementar la ley?
– La discusión sobre el origen de los permisos de pesca existe, sería necio negarlo. No se puede aceptar una subdivisión de permisos que aumente el esfuerzo pesquero. Es condenable. Es nulo.
– Hay muchos que sostienen que eso es verdad. Hay un informe de la UBA, de la Auditoria General de la Nación.
– En principio esos informes de situación a priori son parciales, no engloban todo el proceso administrativo a partir del cual se dieron origen. Acá habría que poner en práctica la ley, y los permisos que son sospechosos, que no son muchos por otra parte, ponerlos bajo la mirada de la justicia. En caso que finalmente la justicia los declare nulos, esas cuotas serán redistribuidas. Hasta ahora la proporción de lo que esta mal hecho no esta identificada.
– ¿No es lo que piensan varios sectores de la industria pesquera?
– Esa discusión se usa justamente para no aplicar la ley pero en realidad esconde varias cosas. Una de ellas es la competitividad de las empresas para acceder a un mayor cupo. ¿A quién le conviene que no se aplique la ley? Al que está utilizando un sistema precario para forzar a la autoridad de aplicación para lograr más y más pescado y de esta forma obtener un derecho y luego presionar con los efectos sociales y económicos que tiene para la comunidad donde está radicado, si se le saca el cupo, o si es escaso, para que le den más.
La ley está para cumplirse. No se puede discutir. Hace 10 años que luchamos por tener una ley que este vigente. Pedimos que se aplique plenamente y sin modificaciones.
– ¿Qué modelo de cuotificación pide CEPA?
– Uno que incluya una canasta de especies. De nada sirve que se cuotifique la merluza de cola, si la hubbsi sigue dentro de la emergencia pesquera. El Consejo Federal tiene que terminar el trabajo técnico de la composición, del método a través del cual se le de prioridad a los parámetros de evaluación de cuota. En esa determinación de la cuota tiene que haber varias especies demersales, como la hubbsi, hoky y también el calamar porque estos recursos hacen a la diversificación de las empresas.
Pucci X 5
El reportaje al presidente de CEPA se extendió durante casi dos horas. En el transcurso de la charla, el especialista pesquero también dejó conceptos interesantes sobre la actualidad de la industria.
- Pensar que hay empresas que están radicadas en el país y también tienen licencia para operar en Malvinas no merece el más mínimo análisis. Esa actitud empresaria no es legítima aún cuando está registrada como una empresa madre. Debería cesar. La propia empresa debería reflexionar y pensar de qué lado le conviene estar.
- El Estado debe activar políticas de apertura de nuevos mercados, como ya lo hizo CEPA en México, donde Uruguay tenía ingreso libre. Espero que a Gerardo Nieto le haya ido muy bien en Japón, donde uno de los objetivos del viaje era precisamente ese. Podemos llegar a exportar por más de mil millones de dólares, pero para eso hay que abrir nuevos mercados.
- La pelea entre bonaerenses y patagónicos, o capitales nacionales contra capitales extranjeros es irrelevante. Son disfraces, herramientas para constituirse en factores de poder, que permitan acceder a un mayor recurso. Ese es el nudo por donde pasan todas las discusiones. Esto se termina cuando el Estado aplica la ley. Acá hay buenos y malos de los dos lados.
- A algunas empresas extranjeras lo que pedimos es una mayor responsabilidad de parte de sus autoridades, sobre todo para ajustarse al modelo nacional. En algunos casos han firmado aumentos de salarios muy altos que han arrastrado a todo el sector.
- El año pasado estuvimos más preocupados por el conflicto gremial y los sistemas de distribución transitorios mientras no se aplica la ley, que por otra cosa. A diferencia de CAIPA, que tiene una mayor tarea gremial, en CEPA temos otros objetivos, más técnicos, más científicos.
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