Por Adriana Ruffa
aruffa@pescaypuertos.com.ar
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El doctor Georgiadis tiene una trayectoria en el sector de casi 30 años, abogado de los gremios de la pesca, Director del INIDEP, Director de Pesca de la Nación, asesor de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y hasta hace pocos días representante de Tierra del Fuego en el Consejo Federal Pesquero.
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A. R. - ¿Cuáles son, en su opinión, las principales razones que impidieron hasta ahora avanzar en el otorgamiento de cuotas individuales transferibles de captura, tal como lo establece la Ley Federal de Pesca?
F. G. - La razón que ha impedido hasta el día de hoy la asignación inicial de cuotas individuales transferibles de captura, en especial de la merluza común, es la sobreinversión en flota que padecemos. Como lo escribí en una reciente nota publicada en la revista “Marina”, órgano oficial de la Liga Naval Argentina, el exceso de permisos otorgados respecto a la biomasa factible de ser pescada de manera sostenible, genera una fuerte oposición de aquellos que saben que el nuevo régimen de administración limitará su actual acceso al recurso. A ello se agrega una cantidad considerable de buques que, sin contar con permiso para ello, han capturado merluza común durante los últimos doce años y cuya pesca no se considera “captura histórica” a los fines de la ley, por no ser considerada legal. De este problema básico –más buques que cuota rentable a repartir– se derivan otra serie de hechos que han impedido, hasta ahora, el cumplimiento de la ley y la puesta en funcionamiento del nuevo régimen de administración. El principal es la mayoritaria posición contraria de los armadores del puerto de Mar del Plata a sistema de CITC, por cuanto en la asignación inicial según los parámetros del artículo 27 –en especial “captura histórica”– recibirían muchas menos toneladas de las que hoy capturan a través de la discrecional asignación que realiza la Subsecretaría de Pesca en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 189/99. Además, como dije anteriormente, la asignación inicial dejaría fuera del reparto a un significativo número de buques –la mayoría con puerto base en Mar del Plata– con permisos de pesca posteriores al año 1988, que no autorizaban la captura de merluza común. Sin embargo, esto último no debería ser un obstáculo para avanzar en el cumplimiento de la ley, ya que a través de la denominada “cuota social”, se puede reservar un cupo para distribuir entre aquellos buques que ahora denominan “con permisos inadecuados”, antes eran los “ilegales”, si el CFP considera legítimo hacerlo. En este caso deberá decidir si continúan operando dentro de un sistema de excepción o le otorga nuevos permisos de pesca que incluyan merluza común porque, reitero, los permisos actuales no los autorizan a capturar dicha especie.
A. R. - ¿Considera que hoy puede avanzarse en un proceso de cuotificación a pesar de existir estos permisos cuestionados por la Auditoría de la UBA, la Procuración y la AGN?
F. G. - El hecho que existan buques cuyos permisos tengan cuestionamientos no debería impedir el proceso de asignación inicial de CITC, ya que a través de una reserva para la eventualidad que se confirme la legalidad del permiso, puede seguirse adelante con los que no tienen observaciones, que son la inmensa mayoría. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que desde el dictado de la Resolución 915/01 –que inició el Registro de la Pesca, paso administrativo previo e ineludible a la asignación de CITC–, han pasado más de tres años sin que se tengan noticias de las medidas adoptadas por la administración para solicitar la nulidad judicial de los permisos cuestionados. Si la depuración de permisos fuera indispensable para avanzar en el proceso, la inacción oficial nos llevaría a una situación sin solución. Pero no es así, se puede avanzar haciendo, como dije antes, una reserva de cuota para los casos en que la Justicia ratifique la validez de los actuales permisos.
A. R. - Como profesional del derecho y con una larga trayectoria vinculada con los temas pesqueros ¿considera que el Consejo Federal Pesquero es una institución adecuada para planificar el desarrollo pesquero nacional y establecer la política de investigación?
F. G. - El CFP ha demostrado a lo largo de más de siete años su incapacidad para implementar el nuevo sistema de administración de los recursos pesqueros marinos en base a “cuotas individuales transferibles de captura”. La tarea fundamental que le asignó al ley 24.922 no ha sido cumplida, limitándose hasta ahora a atender cuestiones menores de coyuntura. La falacia de federalismo en la que vivimos, que se agrava en la pesca ya que el Poder Ejecutivo Nacional administra discrecionalmente el principal recurso a través de un decreto de necesidad y urgencia, convierte al CFP en un organismo burocrático, apéndice de la Autoridad de Aplicación, incapaz de establecer políticas de largo plazo que conduzcan a una pesca sostenible. A ello se suma que el CFP no tiene participación en el diseño de la política internacional relacionada con el aprovechamiento de los recursos pesqueros, ni participa en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, ni en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo o en CCRVMA, comisiones en las que se adoptan medidas de política pesquera que afectan a las empresas argentinas, lo que limita aún más sus posibilidades de planificar, si así lo quisiera, políticas de administración y evaluación pesquera.
A. R. - Usted fue designado como representante suplente en el CFP por la provincia de Tierra del Fuego ¿Cuál es la problemática pesquera de esa provincia y qué objetivos se ha propuesto alcanzar desde su cargo?
F. G. - La respuesta a esta pregunta ha perdido actualidad ya que he cesado como representante suplente de la provincia de Tierra del Fuego. No se me dio explicación de por qué, sólo que en ausencia por vacaciones del Ministro de la Producción, doctor Morandi, quien impulsó mi designación, un diputado a cargo del Poder Ejecutivo ya que no estaban en la provincia ni el Gobernador ni su Vice, firmó un decreto dejando sin efecto el anterior en el que me designaban. Sí puedo decirle que el objetivo fijado y para el cual fui llamado a colaborar es el cumplimiento integral de la ley 24.922. En las pocas reuniones del CFP a las que asistí la provincia fue muy clara en su postura, lo hizo por escrito, y se lograron avances importantes: apareció el Registro de la Pesca y el listado de recursos contra la Resolución 258; además se incorporó a la agenda una “hoja de ruta” que contiene todos los temas que aún esperan una definición política para poder seguir avanzando. Mi fugaz presencia en el CFP me permitió advertir el doble discurso del Subsecretario, ya que públicamente anuncia la pronta implementación del nuevo sistema de CITC, pero su representante en el Consejo mantiene una política de dilación permanente de los temas que deben ser resueltos de manera previa. También me permitió comprobar la política de provincia de Buenos Aires, la que sin oponerse formalmente a la “cuotificación”, de manera permanente y sistemática pone trabas que impiden avanzar, para lo que cuenta con la colaboración de la Autoridad de Aplicación.
A. R. - La inestabilidad administrativa y el cambio de las reglas de juego ha sido características permanentes del sector ¿Considera que hoy se está en mejores condiciones para revertir esa situación y para avanzar en un modelo de desarrollo pesquero sustentable?
F. G. - Tanto la inestabilidad administrativa como el cambio de reglas de juego no son privativas de la actividad pesquera. Lamentablemente el desapego de la sociedad argentina al cumplimiento de las normas encuentra un clímax en la pesca. Esto es así porque a la idiosincrasia de los actores se suma que este incumplimiento de las normas genera mucho dinero que ha permitido a varios crecer en forma notable en los últimos años. Más allá de los anuncios oficiales, recorriendo los muelles se nota que nada ha cambiado. La política oficial de no adoptar medidas que generen oposición hace que en estos casi dos años de gobierno, la Subsecretaría de Pesca no haya tomado ninguna medida importante, limitándose a “hacer la plancha”. La actitud del gobierno hace que, a mi criterio, hoy sean peores las condiciones para avanzar en el establecimiento de una política pesquera sostenible que requiere, necesariamente, de una administración profesionalizada y honesta.
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