Pesca y Puertos - Mario Ordiales: “Los amparos son medidas legales, pero sus resultados no deben ser injustos”

Por Adriana Ruffa
aruffa@pescaypuertos.com.ar

MArio Ordiales, presidente de CAPIP

A. R. - ¿Cuáles son los principales objetivos que intentará alcanzar en este nuevo período como presidente de la CAPIP?

M. O. - Integrar todos los intereses pesqueros patagónicos y tratar de negociar con los representantes de los de Buenos Aires, para evitar las situaciones actuales de imprevisibilidad, inseguridad jurídica, y de ilegalidad o legalidad discutible, en procura del ordenamiento definitivo de una pesquería sustentable, con fuerte sentido económico y social. Conseguir la aplicación integral de la Ley Federal de Pesca. Activar la recuperación del Acuerdo de Explotación Conjunta del Golfo de San Jorge. Negociar, con todos los gremios de embarcados, los nuevos convenios colectivos que representen la situación actual y la futura, lo que representa una gran dificultad en las actuales circunstancias descriptas ya que la imprevisibilidad e inseguridad económicas alcanzan también a los trabajadores.

A. R. - La CAPIP es reconocida como una de las organizaciones empresarias más fuertes y tradicionales del sector pesquero, ¿cuáles son los intereses que representa y qué tipo de empresas la integran?

M. O. - Representamos, desde un enfoque patagónico, intereses de empresas, todas con plantas de procesamiento en tierra, de barcos congeladores y fresqueros de todos los tipos que operan en Argentina. Somos 19 empresas de 11 grupos empresarios, 59 barcos y 5.500 empleados en relación de dependencia directa. Tenemos empresas transformadoras, conserveras, fábricas de harina, y hasta piscicultura.

A. R. - ¿Considera usted que la pesca en la región patagónica ha construido una identidad propia y en caso afirmativo cuáles son sus características?

M. O. - Sin duda. Las características son su vitalidad innovadora en técnicas pesqueras, y de procesamiento, tener la inmensa mayoría de sus empleados en relación de dependencia, vender principalmente a los mercados más exigentes del mundo y ser un poderoso motor de transformación de la economía y aspecto social de la Patagonia, donde, después del petróleo, somos la primera fuente de empleo privado habiendo conseguido aumentos poblacionales importantes en todas las ciudades costeras patagónicas, deprimidas y dependientes del empleo oficial o los subsidios.

A. R. - ¿Cuáles son los consensos mínimos que deberían lograrse entre el sector público y el privado para el desarrollo de una política pesquera sustentable?

M. O. - La conservación del recurso, la transparencia y seguridad jurídicas, y el sentido social de la actividad pesquera.

A. R. - ¿Bajo qué condiciones las empresas se comprometerían con una mejor distribución de la renta social pesquera?

M. O. - Sobre todo seguridad jurídica, transparencia y solidez legislativa que evite diferentes interpretaciones de las normas.

A. R. - ¿Quién considera usted que debería asumir los costos de la investigación científica como los de los sistemas de seguimiento, control y vigilancia de las pesquerías?

M. O. - El Estado nacional y provincial. Para eso son los impuestos y cánones pesqueros nacionales y provinciales. Nosotros podemos ayudar muchísimo admitiendo observadores a bordo de nuestros barcos a los que podríamos dotar de elementos necesarios para el mejor desarrollo de su tarea. Los datos obtenidos de esta forma mejoraría sensiblemente el caudal informativo de las distintas pesquerías que dispondrían los investigadores. La investigación aplicada en el lugar y momento de la explotación económica. La corriente que sin duda se establecería entre investigadores, trabajadores y empresarios en bien de la conservación del recurso serviría sin duda para sensibilizar a los investigadores de la importancia económica de la pesca y a empresarios y trabajadores de la importancia de la investigación.

A. R. - ¿Cómo cree que podría evitarse que las exigencias de creación de empleos genuinos y de plantas en tierra terminen en una presión sobre los recursos pesqueros que pone en riesgo la sustentabilidad de las pesquerías?

M. O. - El límite es la materia prima, cantidad de recursos, que puede esperarse, su mantenimiento y su grado de procesamiento, que debe ser el máximo económicamente posible induciendo, no obligando, a las empresas. Se debe hacer un censo perfecto de plantas en tierra, su capacidad de procesamiento real e historia verdadera (por los consumos eléctricos y las nóminas históricas de sus trabajadores), más los cupos de pescado disponibles para ser procesados o reprocesados en tierra. El estado provincial debe asegurar además el suministro necesario de agua y electricidad en calidad y precios normales. La mano de obra ocupada en las plantas debería tener asegurada materia prima suficiente para todo el año, con el aporte necesario de pescas extraprovinciales, siendo el calamar el que tiene mejores condiciones para ser el recurso comodín. Ya no es posible aumentar el esfuerzo pesquero y las empresas deben compensar sus menores capturas por medio del mayor valor añadido posible en sus productos pesqueros. Hoy es posible porque la actual paridad del dólar y una cierta estabilidad monetaria lo permite. Los sindicatos deben colaborar con las empresas en formar a la mano de obra que ese cambio demandará sin duda. Es estúpido y fuente de problemas en el corto plazo obligar a las empresas a tomar empleados que no necesiten y estimular a que se construyan nuevas plantas sin garantía de que esas empresas aseguren, por sus propios medios, el suministro para trabajar con continuidad.

A. R. - ¿Cómo afecta al sector la abrupta suspensión del Convenio de Administración Conjunta del Golfo San Jorge? ¿Cuál es la posición de la CAPIP al respecto?

M. O. - Extraordinariamente. Después de 16 años de funcionamiento ininterrumpido del acuerdo, bruscamente y sin aviso, ha sido suspendido. Sobre la base de la estabilidad legal de esos años se han realizado inversiones millonarias en barcos y plantas en tierra, en miles de puestos de trabajo y, si no se arregla con rapidez 52 barcos, con unos 1.500 trabajadores directos, unos 5.000 indirectos, y cifras millonarias en dólares en insumos y servicios para esos barcos, caerían a menos del 50% que en años anteriores, dejándose sentir en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta situación, unida a la crisis de la merluza y el calamar y al hecho de que las empresas compensan pesquerías y empleos deficitarios con el de rentabilidad hasta ahora más segura, el langostino, produciría un terrible bajón de empleo y flujo económico en las provincias. Es precisa una colaboración decidida de empresarios y autoridades para encontrar una rápida solución. Muchos empleos e inversiones se encuentran paralizados hasta que la situación no se aclare, sobre todo en Santa Cruz.

A. R. - Recientemente la justicia revalidó la casi totalidad de los amparos otorgados a algunas empresas pesqueras que podrán seguir pescando merluza hasta agotar la CMP, ampliando, así, su capacidad de pesca frente a las empresas no amparadas y que ajustan su actividad al cupo otorgado por la SAGPyA . Esta situación fue denunciada por el gobernador de Chubut y mereció una presentación del Fiscal de Estado solicitando la urgente revocatoria de los amparos. ¿Cuál es su opinión sobre la situación creada?

M. O. - No es aceptable que el derecho de unos, avance sobre el derecho de los otros. Hoy en día los congeladores tienen sus cupos, escasos como lo tienen los fresqueros, y no están confinados al sur del paralelo 48, sin pescar merluza, como lo estaban antes. Aplaudo sin reservas la decidida actitud del Gobernador, Mario Das Neves, del Senador Guinle y rescato también idéntica actitud en el Subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo Nieto. Los amparos son medidas legales, pero sus resultados no deben ser injustos y ahora lo son.

A. R. - ¿Es posible la convivencia en el caladero argentino de fresqueros y congeladores, empresas de capitales argentinos y extranjeros, flota bonaerense y patagónica, buques con amparos y sin amparos? ¿Cuál debería ser la línea divisoria de aguas?

M. O. - No debería haber amparos. Para ello debería aplicarse la Ley Federal de Pesca con sabiduría y justicia. El sector empresario pesquero, tras más de seis años de peleas distintos sectores geográficos o de tipos de procesamiento, debiera haber aprendido que ninguno pudo destruir al otro y que la cantidad de pescado que hay tiene que bastarnos, nos guste o no. Todos los que están legalmente en Argentina, y legalmente han pescado o están pescando, tienen el mismo derecho constitucional a una porción del recurso, ya que no hay dinero para compensarles si tienen que retirarse. Las aguas divisorias estarían primero en una legalidad incuestionable y después en el mayor nivel de empleo directo e indirecto, compatible con la obtención de un producto del mayor valor posible en el mercado internacional, ya que el 80% de los productos pesqueros se exportan.

A. R. - ¿Desea agregar algo más?

M. O. - Sí. El gobierno tendría que definir qué tipo de empresa le conviene en cada puerto y estimular la evolución paulatina hacia ese modelo. También debiera sectorizarse las distintas flotas y definir un tipo ideal de barco para cada pesquería y comenzar cuanto antes una política de sustitución de unidades pesqueras con ese objetivo en los próximos 20 años. La flota pesquera ideal de Argentina debería ser predefinida de acuerdo a los recursos pesqueros explotados y explotables y la ubicación de los mismos en distancia y profundidad. Por supuesto que todo esto no pasa de ser un sueño para un país pesquero que tiene un horizonte legal previsible de pocos meses, ausencia de créditos de largo plazo para sustentar la construcción nacional de las nuevas unidades pesqueras, una investigación insuficiente y una falta de seguridad jurídica asombrosa que impide inversiones a largo plazo (un barco se amortiza en 20 años). Por parte del empresariado somos culpables de una desunión total entre nosotros, como prueba la atomización de cámaras, la falta de colaboración de sus cámaras empresarias y una mayor preocupación por destruirse mutuamente, y hasta de autoinmolarse con el recurso. Es necesaria una verdadera revolución. Quizás tenemos el Presidente que pueda hacerla puesto que es el que más conoce el tema.


	Información pesquera y portuaria
Fecha de publicación: 06 de octubre de 2004 .